Los riesgos de un corralito de ciudadanía

Por Daniel Ezcurra.

Desarrollándose como la trama secundaria pero determinante de una novela, subyace en la compleja realidad política del país una disputa de fondo que debemos atender.

Los estamentos del poder económico, simbólico y político pretenden correr los límites del sentido común hacia el “no te metas”, el darwinismo social, la indiferencia y lo a-político.

Reivindican, como ya dijo alguien por ahí, “el derecho de la gente de no ser parte de la historia”, estimulando la ilusoria posibilidad de dedicarse solamente a “ser feliz” en la vida personal, desvinculada de cualquier compromiso comunitario.

Lo hacen proponiéndonos una suerte de depósito (bancario) de la “pesada carga” de las responsabilidades ciudadanas (y por lo tanto colectivas) que pasan a ser administradas eficientemente por ellos; un equipo con buena onda y buenas intenciones, limpios y nuevos, sin intereses particulares, que llegaron a la política a “poner el hombro y mejorar las cosas” porque “ya son ricos y no necesitan robar”…

No hay que remontarse a la historia de la relación de las fortunas familiares de los miembros del gabinete presidencial con el Estado para entender lo increíble e inaceptable de esa caracterización.

Puede verse un botón de muestra de esa historia en la actualidad. En el presuroso “revoleo” por arriba del muro del blanqueo, de por lo menos 132 millones de dólares propiedad de amigos y familiares directos del presidente y ministros, permitido a través de un ilegal decreto firmado por Mauricio Macri ante la indiferencia de los mismos medios de comunicación capaces de poner en cadena nacional por meses la supuesta irregularidad del 08 de un auto usado de un miembro del anterior gobierno…

La posibilidad cada vez más cierta de que Santiago Maldonado haya sido privado ilegítimamente de su libertad y víctima de una desaparición forzada por parte de las fuerzas represivas del Estado, en vez de generar indignación y preocupación, produjo en el gobierno y su entorno mediático y cultural una defensa corporativa de la Gendarmería y una peligrosa escalada de descalificaciones y agresiones a los que se movilizan por un tema tan sensible a nuestro pasado reciente.

Se alienta a los padres a denunciar docentes, se estigmatiza a periodistas que abordan el tema, desde las más altas representaciones gubernamentales se impugna a organismos de DD.HH, se condena a espacios gremiales y jurídicos, se trata de terroristas a representantes de los pueblo originarios; en definitiva se alimenta la maquinaria de la impunidad exigiendo silencio. Extraño en una administración que se decía portadora virtuosa del diálogo y que prometió no perseguir al que pensara diferente.

Particular manifestación de estos mecanismos de la impunidad pueden verse en la articulación de la palabra presidencial no solo en el obsceno Prime Time televisivo (fenómeno harto evidente), sino también en su reflejo desbordado en las redes sociales: La distancia y el anonimato de la virtualidad sacan a la luz pública el pensamiento profundamente antidemocrático de una porción de nuestra sociedad, que parece sentirse habilitada para exponer opiniones y sentimientos que antes estaban contenidos por el limitante de la condena social. La violencia, xenofobia y estigmatización al diferente alimentado por “social media influencers” que traducen y amplifican eficazmente las posturas gubernamentales a las reglas comunicacionales de las redes, son un dato que no debe ser pasado por alto, no como un fenómeno novedoso (puede concluirse que siempre existió ese pensamiento) sino por su posibilidad de sentirse legitimado y con capacidad de imponerse en el sentido común y en el sentido de las políticas públicas.

El depósito de nuestras responsabilidades ciudadanas para poder vivir “livianos” sin la carga de lo colectivo, es una peligrosa oportunidad de concentración de poder de los que ya acumulan la mayor concentración económica, mediática, cultural e institucional. Esa acumulación en la década de los 90 generó en el plano económico, el corralito de triste memoria. Aquella experiencia debilitó la democracia y la convivencia hasta cambiar el mapa social de nuestro país.

La democratización de la democracia es un horizonte que nos permite intervenir en distintos planos, trazar diagonales políticas, desarticular fronteras caducas, imaginar escenarios, convocar a nuevos desafíos y no solamente a añorar los logros del pasado reciente.

Democratizar la democracia implica no retroceder en lo conquistado y avanzar en los desafíos pendientes. No es una apelación moral sino un ejercicio de construcción político-cultural que presupone el bordado trabajoso de nuevas mayorías. Es ponerle contenido a un cambio vacío de sentido que luego se resignifica con el sentido común, este sí “pesada herencia” de 25 años de hegemonía neoliberal.

Necesitamos recrear horizontes aglutinadores de las esperanzas y anhelos populares y crear y recrear sus cauces y representaciones. Un profundo desafío que nos interpela y nos convoca.