REFLEXIONES EN TORNO A LA AUTONOMÍA.

El diccionario define “autonomía” como la potestad que dentro de un Estado tienen
algunas entidades para definir las normas y los órganos de gobierno por medio de los
cuales se organizara su funcionamiento institucional y político. ¿Por qué se da esta
potestad? Porque se supone que es necesaria, dadas las características de la entidad a
la que se le otorga. Por consiguiente, no parece errado suponer la existencia de un
valor central (estratégico) queriéndose proteger (pues por ello es que se otorga
autonomía). Y quien piensa en estrategia, debe pensar necesariamente en algún fin u
objetivo, en virtud del cual aquella potestad adquiera razón de ser y sentido. Este
objetivo debería, entonces, estar determinado por un ente superior capaz no sólo de
fijarlo, sino también, de otorgar aquella potestad. Este derecho al cual las
universidades acceden en su carácter de personas jurídicas no estatales, no es
absoluto. Es decir, debe estar sujeto a una reglamentación que lo sitúe en una relación
de coherencia con la función para la cual dicha universidad fue pensada. De lo
contrario se convertiría en un privilegio y la universidad en una privilegiada. Si la
autonomía no es reglada, estaremos hablando de soberanía o de un Estado (o entidad
similar pero siempre soberana) dentro de otro. No buscamos, cabe aclararlo, alterar la
naturaleza de un derecho legítimo sino por el contrario, fortalecerlo al asegurarle uno
de sus elementos constitutivos. Y creemos esto porque entendemos que los asuntos
de la Educación Superior no competen únicamente a aquello que se ha dado en llamar
“comunidad académica” sino que, por el contrario, revisten una trascendencia
estratégica para la Nación toda. No parece justo, entonces, para ninguna de las partes,
que ese peso de responsabilidad recaiga en unos pocos. La universidad pública tiene
una responsabilidad pública, pero esta tarea no podrá rendir los frutos deseados si los
demás sectores que conforman esa esfera (lo público) no cuentan con los canales que
permitan una participación genuina.
Si aceptamos lo anterior, podemos diferenciar dos conjuntos de elementos en el
proceso de conformación de la autonomía como concepto que reclama para sí (con
éxito y legítimamente) el carácter de norma:
1) Elementos Constitutivos: nos referimos a aquellos elementos que definen a la
autonomía en los distintos niveles de la vida universitaria. Podemos incluir, dentro de
esta esfera, a la autonomía académica (potestad para establecer planes de estudio, de
investigación, extensión, etc.); institucional (potestad para la definición de los órganos
de gobierno) administrativa (potestad para establecer modelos de gestión propios) y
financiera o autarquía (potestad para administrar su patrimonio y aprobar su
presupuesto)
2) Elementos Reguladores: nos referimos a aquellos elementos que regulan la
autonomía (afectando el rango de potestades), la enmarcan y permiten la articulación
de la universidad (ampliando el campo de acción) con la comunidad de la cual forma
parte. Son básicamente de dos tipos:
Negativos (en cuanto restringen una potestad): auditorias (externas e internas),
mecanismos de control, etc.
Positivos (en cuanto amplían el campo de acción): Consejos Sociales conformados por
distintos sectores de la comunidad, órganos de coordinación, etc.
Sin desmerecer la importancia que la autonomía reviste, debemos reconocer que el
preocupación central que debe encarar nuestro sistema de educación superior no se
haya en la necesidad de la defensa a ultranza de la autonomía, sino más bien en la
búsqueda de mecanismos que permitan su redefinición, en pos de un fortalecimiento
de los elementos reguladores, principalmente los de carácter positivo.
La autonomía reconoce, además, un carácter histórico. Desde su inclusión en las
primeras proclamas reformistas hasta la actualidad ha sido una bandera histórica del
movimiento estudiantil y de los distintos sectores que conforman la realidad
universitaria convirtiéndose en un elemento identitario utilizado no solo como escudo
ante la represión (Vaccarezza; 2006), sino también, paradójicamente, como
herramienta de cohesión para contender con proyectos de claro signo popular. Su
carácter histórico nos obliga a repensar las mutaciones de su significación conceptual y
política. Por eso cuando hablamos de universidad, la respuesta necesaria “no es ni la
autonomía ni la subordinación, sino la articulación (…) entre las instancias académicas
y las instancias productivas públicas y privadas. (…) La universidad deberá encontrar
una forma de compromiso entre lo que es la necesaria autonomía científica y cultural
(campos que son productivos, creativos y críticos en la medida en que no están
determinados por demandas externas) con planificación, organización y socialización
de los procesos de desarrollo científico tecnológico y de producción de profesionales”.1
Aquella articulación deberá ser dinámica pues las mismas instancias a articular
modifican su naturaleza a través del tiempo.
Por otro lado, esa historicidad nos permite comprender, también, cierto recelo y
desconfianza hacia al Estado, hecho por el cual se ha tendido a destacar más su lado
negativo (no injerencia) en detrimento del positivo (autogobierno) (Soprano y
Suasnabar; 2005: 146). Hoy, sin embargo, con una democracia consolidada, debemos
pensar un nuevo esquema que entienda a la participación del Estado y la comunidad
en la planificación de la Educación Superior no como un elemento “contaminante” de
la pureza necesaria para la creatividad intelectual libre, sino como un instrumento vital
para el mejor aprovechamiento de la inteligencia social. En esa dirección, creemos,
deben ir apuntados los debates en torno a la problemática universitaria.